Boletín semanal

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con emitió el Dictamen No. 6-22-RC/22, a través del cual determinó la vía correspondiente para la tramitación de dos propuestas de enmienda planteadas por el presidente de la República y determinó que la vía de enmienda propuesta por el presidente de la República es procedente para tramitar las dos propuestas planteadas.

Este dictamen de procedimiento corresponde al primer momento de actuación de la Corte Constitucional en el marco de propuestas de modificación constitucional. Procede ahora a la Corte Constitucional iniciar el segundo momento, en el cual emitirá una sentencia de constitucionalidad a través de la cual realizará un control previo de constitucionalidad de los considerandos y de las preguntas 1 y 2 de la presente propuesta planteada por el presidente de la República.

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial 177 de 26 de octubre de 2022, se publicó el Acuerdo No. MAATE-2022-113, emitido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con el que se expide la Normativa para la calificación de programas, fondos y/o proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimientos, restauración y reparación ambiental y para la certificación de los beneficiarios de la deducción del 100% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 1219-22-EP/22 examinó acción extraordinaria de protección (EP) contra las sentencias de primera y segunda instancia dentro de una acción de protección (AP). Ambas decisiones declararon improcedente la acción al no encontrar vulneración de derechos. En el análisis sobre la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, en las dos sentencias, la Corte determinó que los jueces no respetaron lo establecido en la sentencia 2-19-IC/19, que tiene carácter vinculante y debe ser obedecido desde su expedición.

La CC determinó que la inobservancia de un dictamen interpretativo emitido por la Corte Constitucional constituye una violación autónoma del derecho a la seguridad jurídica. Por otro lado, en el análisis de la vulneración a la motivación, en la sentencia de segunda instancia, la Corte estableció que la Sala Provincial hace una remisión al análisis desarrollado en la sentencia de primera instancia, pero no realiza una valoración crítica sobre la suficiencia y la fundamentación de los argumentos que el juez adopta en esta sentencia. Por lo tanto, la decisión no cuenta con una argumentación jurídica suficiente. Adicionalmente, la CC verificó que el caso cumplía con los requisitos para que se efectúe un análisis de mérito. Del referido análisis se concluyó que en la resolución impugnada no se consideró lo resuelto por la CC en su dictamen interpretativo, en el que se determina la obligación de respetar lo decidido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio (CPCCS-T) en ejercicio de sus facultades extraordinarias.

En virtud de aquello, los vocales del Consejo de la Judicatura actuaron al margen del ordenamiento jurídico, pues emitieron la resolución impugnada haciendo alusión a lo que disponen los artículos 179 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) de forma parcial y aislada, desatendiendo el valor normativo del dictamen interpretativo 2-19-IC/19, y vaciándolo de contenido; actuación que afecta la seguridad jurídica.

El 25 de octubre de 2022, se emitió el Decreto No. 582, por parte de la Presidencia de la República, con el que se acepta la renuncia presentada por el señor Víctor Orlando Castillo Chamba como gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y se le agradece por los valiosos servicios prestados al país; y, se designa al señor Luis Miguel Guamán Beltrán como gobernador de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

En el Suplemento del Registro Oficial 175 de 24 de octubre de 2022, se publicó la Resolución No. RPC-SE-14-No.038-2022, emitida por el Consejo de Educación Superior, con la que se expidió la Guía Metodológica para la presentación de carreras y programas, ajustes curriculares sustantivos y ajustes curriculares no sustantivos.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Dictamen No. 3-22-RC/22 examinó la propuesta de enmienda presentada por la Asamblea Nacional, para modificar el artículo 303 de la Constitución (CRE) y establecer el dólar como moneda oficial. Tras el análisis se concluye que la propuesta puede ser tramitada a través del procedimiento de enmienda constitucional.

La CC observó que la propuesta busca modificar el texto constitucional para establecer, a nivel constitucional, que el dólar de los Estados Unidos de América será moneda oficial y de libre circulación en el Ecuador, con el debido poder liberatorio. Al respecto, la CC consideró que dicha propuesta no implica cambio alguno en el diseño de la CRE ni un cambio o transformación transversal de la misma, y no modifica o altera el carácter o elementos constitutivos del Estado o la estructura fundamental de la CRE. Tampoco se restringen derechos o garantías constitucionales, y las disposiciones sobre el poder de reforma o cambio total de la CRE se mantienen inalteradas.

El juez Enrique Herrería Bonnet, en su voto concurrente, precisó dos cuestiones: (1) no procede en esta primera etapa realizar un pronunciamiento de control constitucional de la enmienda o un análisis de fondo; y, (ii) no procede considerar que el procedimiento por el que debe tramitarse esta solicitud es el de reforma. La jueza Alejandra Cárdenas Reyes y el juez Jhoel Escudero Soliz, en su voto salvado conjunto, entre otros, consideraron que la propuesta de incorporación del dólar como moneda oficial es un cambio significativo de la CRE, y que, además afecta la soberanía como elemento constitutivo del Estado y la estructura fundamental de la CRE.

La jueza Karla Andrade Quevedo, en su voto concurrente, consideró que la argumentación del dictamen también debió incluir un pronunciamiento respecto de la inconstitucionalidad material de la pregunta 5; para establecer que esta pregunta no puede ser objeto de una consulta popular. El juez Richard Ortiz Ortiz, en su voto salvado, consideró que, de lo expuesto y como están estructurados los considerandos y preguntas (1, 3 y 4), la consulta de iniciativa ciudadana planteada afectaría a competencias constitucionales de los GAD municipales, lo que exigiría activar algunos de los mecanismos de reforma constitucional previstos en la Constitución. Por tanto, concluyó que se debió emitir dictamen desfavorable también a los considerandos y preguntas 1, 3 y 4.

En el Registro Oficial 175 de 24 de octubre de 2022, se publicó el Acuerdo No. MEM-MEM-2022-0047-AM, emitido por el Ministerio de Energía y Minas, con el que se expide el Reglamento para reducir progresivamente la quema rutinaria de gas asociado en tea.

En el Suplemento del Registro Oficial 173 de 20 de octubre de 2022, se publicó el Acuerdo No. 0067, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el que se expide el cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial correspondiente al tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, en aplicación del Código Orgánico de Planificación Finanzas Públicas.