Boletín semanal

En la Edición Constitucional del Registro Oficial 71 de 29 de agosto de 2022, se publicó la Sentencia No. 2167-21-EP/22, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, con la que se declara que la sentencia emitida por la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, de fecha 19 de mayo de 2021, que confirmó la sentencia emitida, el 12 de marzo de 2021, por la Jueza de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la acción de protección No. 17460- 2020-04480, vulneró el derecho a la motivación, y se las deja sin efecto.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 1101-20-EP/22 aceptó la EP presentada por la Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN), en contra de la sentencia de apelación, dictada dentro de una AP, al encontrar que la misma vulneró el derecho a la seguridad jurídica de la entidad accionante, en tanto los juzgadores, extinguieron una obligación proveniente de una relación contractual, y, dispusieron una medida de reparación integral referente a la aceptación de la dación en pago que constituye la declaración de un derecho en el marco de una AP.

La CCE determinó que los jueces que resolvieron a favor de la empresa deudora desnaturalizaron la AP, al haber dictado una medida de reparación que extinguió una obligación de naturaleza contractual, toda vez que esta no era la vía adecuada para resolver ese tipo de litigios que deben ser conocidos y resueltos en la vía ordinaria. Por la gravedad del desempeño de los jueces que conocieron la AP, la CCE realizó la declaración jurisdiccional previa sobre la actuación de dichos jueces, declarando que incurrieron en error inexcusable.

La CCE puntualizó que las controversias que surjan por el incumplimiento de una obligación contractual tienen una vía propia y deben ser solventadas por mecanismos ordinarios previstos en la normativa sustantiva y procesal adecuada, sin que ello obste y de forma excepcional, que de estas relaciones puedan surgir violaciones a derechos con contenido estrictamente constitucional.

Como parte de las medidas de reparación, la CCE precisó que la sentencia se emite en sustitución de las sentencias dejadas sin efecto y las partes deben remitirse a su contenido. Dispuso que el Consejo de la Judicatura (CJ) difunda dicha sentencia por correo electrónico a todos los jueces que conocen garantías jurisdiccionales por el plazo de 3 meses; y que le informe sobre las medidas adoptadas dentro del término de 180 días contados desde la notificación de la sentencia.

El 26 de agosto de 2022, se emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000041, por parte del Servicio de Rentas Internas, con la que se aprueba el anexo sobre reporte de información de bienes inmuebles y espectáculos públicos.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 3485-17-EP/22 aceptó parcialmente la EP presentada en contra de la sentencia emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, dentro de una acción de acceso a la información pública, al encontrar vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

La CCE descartó la vulneración del derecho a la defensa en la garantía de presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra, porque evidenció que la documentación cuestionada por el accionante sí fue anunciada como elemento probatorio en la audiencia y ordenada para su inclusión y valoración en la causa, por lo que, contó con la oportunidad de conocer y contradecir los elementos probatorios.

La CCE declaró la vulneración del derecho a la seguridad jurídica porque la Sala, al momento de valorar el carácter reservado de la información requerida por el accionante, con base en el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), interpretó de manera extensiva, arbitraria y sin otro fundamento en el ordenamiento jurídico, que el Municipio podía declarar contratos o documentos como secretos y reservados, cuando del tenor literal de dicho artículo se desprende que esa facultad le correspondería al “ente rector de las finanzas públicas”, correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas.

Como parte de las medidas de reparación, la CCE ordenó dejar sin efecto la sentencia impugnada, y, retrotraer el proceso. Además, dispuso que, previo al sorteo correspondiente, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial resuelva el recurso de apelación.

En el Registro Oficial 135 de 26 de agosto de 2022, se publicó la Resolución No. MPCEIP-SC-2022-0217-R, emitida por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca con la que se aprueba y oficializa con el carácter de voluntaria la Primera edición de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 8601-2, FECHA Y TIEMPO – REPRESENTACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN – PARTE 2: EXTENSIONES (ISO 8601-2:2019, IDT).

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 62-18-IS/22 desestimó la acción de incumplimiento (IS), planteada respecto de la sentencia 379-17-SEP-CC, en la que se dispuso las siguientes medidas de reparación: (i) dejar sin efecto la sentencia de apelación proveniente de un proceso judicial; (ii) retrotraer los efectos jurídicos del proceso hasta el momento anterior a la emisión dicha sentencia; y, (iii) que se sortee una nueva Sala para resolver el caso considerando la decisión de la CCE y los argumentos centrales del fallo.

Respecto de las dos primeras medidas dispuestas en la sentencia, objeto de IS, la Corte encontró que las mismas fueron cumplidas, dado que las órdenes de dejar sin efecto un acto o sentencia constituye per se un acto dispositivo, que se ejecutan de manera inmediata y no requieren una actuación adicional, ni de las partes, ni del juzgador.

En relación con la tercera medida, referente a que la nueva sentencia se emita en aplicación integral considerando la decisum, así como los argumentos centrales de la sentencia 379-17-SEP-CC; si bien el accionante afirmó que en la ratio decidendi de la nueva sentencia expedida por la Sala de la Corte Provincial, se ignoró nuevamente su adhesión a la apelación; la Corte Constitucional descartó que en ella se haya dispuesto a los nuevos jueces que acepten la adhesión de la apelación, rechacen el recurso de apelación propuesto por los demandados, y confirmen la sentencia subida en grado.

El juez Enrique Herrería Bonnet, en su voto concurrente, estimó que el análisis esgrimido en la sentencia de mayoría se aparta de la línea argumentativa expuesta en el precedente 47-18-IS/22, en la que la Corte analizó si la nueva sentencia, expedida por el órgano jurisdiccional sorteado, ha tomado en cuenta la ratio de la sentencia de la CCE para expedir el nuevo fallo. Por lo expuesto, concluyó que el análisis realizado en el fallo de mayoría, resta eficacia a la IS y vacía el contenido de una medida de reparación.

En el Registro Oficial 134 de 25 de agosto de 2022, se publicó el Acuerdo No. 00010-2022, emitido por el Ministerio De Salud Pública, con el que se aprueba y autoriza la publicación del Manual metodología para la elaboración de informes rápidos de evaluación de tecnologías sanitarias de medicamentos para la Red Pública Integral de Salud.

En la Edición Constitucional del Registro Oficial 68 de 23 de agosto de 2022, se publicó la Sentencia No. 1-22-RC/22, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, con la que se dictamina que lo establecido en el artículo 444 de la Constitución, es apto para tramitar la presente solicitud. De este modo, se cumple con el primer momento de control de constitucionalidad de la propuesta.