Boletín semanal

En el Registro Oficial 117 de 01 de agosto de 2022, se publicó las Resoluciones No. SB-2022-1229 y SB-2022-1231, emitidas por la Superintendencia de Bancos, con la que se reforma la Codificación de normas de la Superintendencia de Bancos.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con *Sentencia No. 964-17-EP/22* tras aceptar una acción extraordinaria de protección por vulneración del derecho ala seguridad jurídica, generada por la desnaturalización de una medida cautelar autónoma, la Corte Constitucional (CCE) realizó una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable y manifiesta negligencia respecto de las actuaciones del juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil y de los jueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Guayas.

La CCE identificó que las autoridades jurisdiccionales incurrieron en error inexcusable y manifiesta negligencia al conceder y tramitar un recurso procesal inexistente; suspender el proceso coactivo para remitirlo en consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); y, hasta la actualidad, no pronunciarse sobre la respuesta remitida por dicho Tribunal. Como consecuenciadeestasconductas,lasmedidascautelares-quefueronpreviamenterevocadas-se mantienen vigentes, lo cual desconoce su carácter temporal y revocable, desnaturaliza esta garantía jurisdiccional e inobserva el art. 35 de la LOGJCC.

Como parte de las medidas de reparación, la CCE dispuso que las declaraciones jurisdiccionales realizadas en la sentencias notificadas al Consejo de la Judicatura, para que, en ejercicio de sus competencias, inicie los correspondientes sumarios administrativos y en ellos determine, entre otras cuestiones, el grado de responsabilidad de cada juez y las sanciones correspondientes. Además, le ordenó que, en el plazo máximo de quince días, difunda la sentencia en su página de internet, por un período de seis meses consecutivos, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y mediante circular, entre los jueces, juezas, fiscales, defensores y defensoras públicas.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 41-21-CN/22 declaró la interpretación conforme del ahora derogado art.5 de la Ley de Casación (norma consultada),referente a que, para la interposición del recurso de casación, el término debía computarse con posterioridad a: i) la notificación del auto o sentencia; o, ii) la notificación del auto que resuelva únicamente su ampliación o aclaración. La CCE determinó que, para las causas pendientes, sustanciadas bajo el art. 275 del Código Tributario, y que les resulte aplicable la norma consultada, la misma deberá ser interpretada en el sentido de que el término para la interposición del recurso de casación se cuente desde la notificación de los recursos de ampliación, aclaración, reforma y revocatoria, es decir, los previstos en el art. 275 del Código Tributario.

La CCE explicó que, como lo hizo el con juez de la Corte Nacional en la resolución del caso concreto, para garantizar el acceso al recurso de casación y con ello a la tutela judicial efectiva y el derecho a recurrir, el requisito de admisibilidad previsto en el art.5 de la Ley de Casación debe ser interpretado de tal manera que, más allá de los recursos horizontales de ampliación o aclaración, se cuente la temporalidad de dicho recurso desde la notificación del auto que resuelva cualquiera de los recursos horizontales previstos en el art. 275 del Código Tributario.

La Corte declaró que la sentencia tiene efectos para casos análogos de acuerdo con el numeral 2 del art. 143 de la LOGJCC Dispuso que el Consejo de la Judicatura publique la sentencia en su página web institucional por el plazo de, al menos, un mes y difunda su contenido a través del correo institucional a las y los jueces y coniueces de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional y a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Tributario.

En el Registro Oficial 114 de 27 de julio de 2022, se publicó el Acuerdo No. MINTEL-MINTEL-2022-0023, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, se dispuso a todas las entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos que, en el marco de la simplificación de trámites, reconozcan y validen para la gestión de todos los trámites administrativos institucionales, el uso de los documentos de identidad, ya sean físicos, electrónicos o digitales, emitidos por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 785-17-EP/22 aceptó la acción presentada en contra de la sentencia dictada dentro de un juicio ejecutivo, por encontrar vulneración al derecho a la defensa, debido a la falta de incorporación del escrito de contestación a la demanda en el proceso, lo cual trajo consigo que el juzgador dicte sentencia, sin tomar en consideración aquel escrito que fue presentado oportunamente.

De la revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE), la CCE evidenció que el accionante presentó su contestación a la demanda ante la Unidad Judicial Multicompetente (UJM); sin embargo, dicho escrito nunca fue incorporado al proceso. Así, la CCE constató que, como consecuencia de ello, se privó al accionante de hacer uso de los mecanismos de defensa que la ley facultaba ,tales como proponer sus argumentos y excepciones a la demanda.

Como parte de las medidas de reparación, en razón de haber transcurrido más de cuatro años desde que la deuda fue cancelada, y, al existir situaciones jurídicas consolidadas que impiden que se retrotraiga el proceso hasta el momento en que se vulneró el derecho a la defensa del accionante; la CCE dispuso en su lugar que, el Consejo de la Judicatura (CJ) pague al accionante una reparación económica por el daño material causado a este, el mismo que deberá cubrir concretamente los costos en los que incurrió el accionante durante el tiempo que se ha sometido a litigio, tanto en sede ordinaria, como constitucional, desde que la Judicatura accionada no incorporó su escrito de contestación a la demanda al proceso, hasta la emisión de esta sentencia.

La CCE precisó que la verificación del pago de la reparación económica de los daños materiales le corresponderá al CJ, que tendrá a salvo su derecho de acción de repetición contra los funcionarios responsables. Además, dispuso que se realice una investigación por el error en la incorporación al proceso del escrito de contestación a la demanda del accionante, a fin de que se pueda determinar la responsabilidad de las servidoras o servidores públicos encargados.

En el Registro Oficial 113 de 26 de julio de 2022, se publicó el Acuerdo No. MPCEIP-SRP-2022-0150-A, emitida por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con la que se dispuso la instalación y operatividad del Dispositivo de Monitoreo Satelital (DMS) a todas las embarcaciones pesqueras industriales y palangreras nodrizas, sin importar el Tonelaje de Registro Bruto (TRB).

En el Registro Oficial 112 de 25 de julio de 2022, se publicó la Acuerdo No. MINEDUC-MINEDUC-2022-00025-A, emitido por el Ministerio de Educación, con la que se expidió  Normativa destinada a regular el funcionamiento de extensiones de las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación.

En el Registro Oficial 111 de 22 de julio de 2022, se publicó la Resolución No. MPCEIP-SC-2022-0144-R, emitida por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con la que se aprueba y oficializa con el carácter de voluntaria la Segunda Edición de la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INENISO 10406-1, Reforzamiento del hormigón con polímero reforzado con fibras (FRP) – métodos de ensayo – parte 1: varillas y mallas de FRP (ISO 10406-1:2015, IDT).