Boletín semanal

La Corte Constitucional del Ecuador con Sentencia No. 2064-14-EP/21, se analiza si existe vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía a recurrir el fallo y a la motivación, al principio de non reformatium in pejus, al derecho a la defensa; y, a la tutela judicial efectiva en la sentencia de segundo nivel, misma que resolvió revocar la decisión de primer nivel y declaró sin lugar la acción de hábeas data planteada en contra de una persona natural que poseía fotografías íntimas y personales de la actora. La Corte decide entrar al mérito del caso y encuentra que hubo violación al derecho a la protección de datos personales y autodeterminación informativa, a la imagen, a la honra y buen nombre e intimidad.

El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión virtual No. 696, la noche de ayer, no aprobó en segundo debate el proyecto de reformas a la Constitución planteado por el Comité por la Institucionalización Democrática, que iba orientado a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; el rediseño de la Asamblea Nacional, a través del sistema bicameral; y la autonomía de la Fiscalía para que salga del control de la Función Judicial.

Se votó artículo por artículo las 35 mociones realizadas y no se alcanzó los votos necesarios para la aprobación.

El Legislativo de esta manera se pronunció respecto de la reforma a 27 artículos de la Constitución, 1 disposición derogatoria, 2 transitorias, 4 generales y 1 final, en total 35 articulos, en los cuales no constó el tema de la bicameralidad, tomando en cuenta que el informe de la Comisión sugirió se excluya este tema.

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial 410 de 15 de marzo de 2021 se publicó el Acuerdo No. 00148-2021, emitido por el Ministerio de Salud Pública, con el cual se expidió el Reglamento para el uso terapéutico, prescripción y dispensación del cannabis medicinal y productos farmacéuticos que contienen cannabinoides.

En el Cuarto Suplemento del Registro Oficial 409 de 12 de marzo de 2021 se publicó la Resolución No. 05-2021, emitida por la Corte Nacional de Justicia, en la que se dispone que en los juicios individuales de trabajo, en los que las personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, así como por los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones demanden la declaratoria de Ineficacia del despido previsto en los articulas 195.1, 195.2 y 195.3 del Código del Trabajo, las juezas y los jueces, que el calificar la demanda, evidencien que a más de la pretensión exclusiva de esta norma, la o el accionario incorpore otras pretensiones relativas a derechos laborales, admitirán a trámite la demanda únicamente en lo que respecta a la declaratoria del despido ineficaz, dejando a salvo en la misma calificación el derecho de la persona trabajadora a reclamar por vía separada los demás beneficios laborales.

La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no disponga lo contrario y entró en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.

En el Suplemento del Registro Oficial 409 de 12 de marzo de 2021 se publicó la Resolución No. ARCOTEL-2021-0393, emitida por la  Agencia De Regulación Y Control De Las Telecomunicaciones –ARCOTEL, con la cual se expidió la Norma Técnica de Prestación de Servicios de Telecomunicaciones para Emergencias.

La Corte Constitucional del Ecuador con Sentencia No. 83-16-IN/21 y acumulados, resolvió varias acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Fortalecimiento a los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

La Corte declaró la inconstitucionalidad por el fondo de las normas que tienen que ver con el financiamiento del sistema, así como la equiparación del régimen especial de seguridad social de la fuerza pública a la seguridad social general, de tal manera que entren en vigencia las normas correspondientes de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional anteriores a la reforma que las dejó sin efecto. Dispuso que la declaratoria tenga efectos inmediatos a partir de la publicación de la sentencia en el Registro Oficial, respecto a estos artículos exclusivamente.

La Corte también declaró la inconstitucionalidad por el fondo de los artículos que dispusieron, entre otras, la eliminación de servicios sociales de las Fuerzas Armadas, la eliminación de la indemnización profesional de la Policía Nacional, la calidad de beneficiarios del montepío de los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional Respecto de estas normas, la Corte dispuso que la declaratoria tenga efectos diferidos hasta que la Asamblea Nacional dicte las nuevas: Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, basadas en criterios técnicos que aseguren la sostenibilidad del sistema.

Dispuso que el Consejo Directivo del ISSFA y el Consejo Directivo del ISSPOL, en el plazo máximo de 6 meses contados desde la notificación de la sentencia, sobre la base de estudios actuariales actualizados y específicos, preparen un régimen de transición que asegure que no exista un déficit en el sistema y que no se produzca una afectación desproporcionada en los aportes de las y los afiliados, de tal manera que quienes han aportado bajo el régimen establecido en la ley impugnada, reciban prestaciones proporcionales a sus aportes.

Asimismo, ordenó que dichos órganos, con el apoyo de una Comisión Especializada del Ministerio de Finanzas y una Comisión Especializada de la Superintendencia de Bancos, en el plazo máximo de 6 meses contados desde la notificación de la sentencia, preparen un nuevo proyecto de Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y un nuevo proyecto Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional, con base en informes actuariales y técnicos actualizados y específicos para dichos proyectos de ley, los presenten ante la Presidencia de la Asamblea Nacional para su tramitación. Los sujetos obligados deberán informar a la Corte sobre el cumplimiento de sus disposiciones de forma trimestral.

También dispuso que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de un año contado desde la recepción de los proyectos de ley presentados por parte del ISSFA y del ISSPOL, tramite y apruebe los proyectos de ley, y que el Consejo de Administración Legislativa reconozca cumplido el requisito de iniciativa legislativa respecto a los proyectos presentados.

Llamó la atención a la Asamblea Nacional por tramitar las reformas de la ley impugnada sin un sustento técnico actualizado que garantice la sostenibilidad de los regímenes especiales de seguridad social.

Por último, instó al Ministerio de Salud, que de ser el caso, emita el “cuadro valorativo de incapacidades”, para que en coordinación con el ISSFA y el ISSPOL, se pueda evitar que por la ausencia de tal instrumento se dificulte acceder a las distintas prestaciones de la seguridad social.

El Servicio de Rentas Internas con Resolución No. NAC-DGERCGC21-00000013, se reforma las siguientes Resoluciones:

Resolución No. NAC-DGERCGC14-00001048: Se emite el procedimiento para la absolución de consultas sobre valoración previa de operaciones efectuadas entre partes relacionadas para la determinación de precios de transferencia

Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000571: Establécense las normas de aplicación, alcance y otras definiciones en cuanto al procedimiento de la consulta de valoración previa de operaciones entre partes relacionadas, que tenga como objeto aumentar el límite de deducibilidad de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría y similares

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.