Boletín semanal

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial 80 de 9 de junio de 2022, se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000026, emitida por el Servicio de Rentas Internas, con la que se expidieron las Normas para la aplicación del método de imputación ordinaria para evitar la doble imposición internacional.

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial 80 de 9 de junio de 2022, se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, emitida por el Servicio de Rentas Internas, con la que se establecen disposiciones en torno a la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, de manera electrónica, así como respecto de la obligatoriedad de emisión de los comprobantes de retención electrónicos en la “VERSIÓN ATS”.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Dictamen: No. 2-10-RC/22 determinó que la propuesta de modificación de tres disposiciones constitucionales relacionadas a la actividad petrolera, al preámbulo y al matrimonio no puede ser tramitada por vía de enmienda.

Con relación a la propuesta que consistía en que, para la efectiva aplicación del art. 3.5 de la Constitución (CRE), se destine un 25% de los ingresos generados por la actividad petrolera a créditos sin garantía para las personas más pobres y para incentivar los diferentes medios de producción, la CCE constató que la propuesta no planteaba un texto redactado y concreto que modifique la norma, por lo que no podía ser tramitado mediante enmienda.

En cuanto a la propuesta de modificación de una parte del preámbulo de la CRE para agregar: “Invocando el nombre de Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, declaramos que Jesucristo es el Señor de Señores del pueblo ecuatoriano, y reconocemos nuestras diversas formas de religiosidad”, la CCE enfatizó que aquello no puede ser tratado mediante enmienda, dado que el preámbulo contiene elementos trascendentales y de gran valor para el Estado, por lo que su modificación alteraría los principios que fijan la estructura fundamental de la Constitución. Además, consideró que la propuesta alteraría el carácter laico como elemento constitutivo del Estado y restringiría el derecho a la libertad de religión y creencias.

En lo concerniente a la propuesta de que en el art. 67 de la CRE se establezca que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer “ambos de nacimiento”, la CCE consideró que esta implicaría una restricción del derecho al matrimonio y de otros derechos como la igualdad. Sobre esta propuesta, el juez Enrique Herrería Bonnet, en su voto concurrente, coincidió que no puede tramitarse vía enmienda pero resaltó su desacuerdo con las sentencias 10-18-CN/19 y 11-18-CN/19 que fundamentaron el análisis del dictamen.

En el Suplemento del Registro Oficial 79 de 8 de junio de 2022, se publicó la Resolución No. 126-2022, emitida por el Consejo de la Judicatura, con la que se expidió el Reglamento de Sesiones del Pleno.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Dictamen No. 2-22-OP/22 rechazó la objeción total por inconstitucionalidad a los “Textos para ratificar o sustituir disposiciones normativas de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, ordenado por la Corte Constitucional”.

Los textos objetados, cuya vigencia fue suspendida mediante la sentencia 32-21-IN/21, se referían a dos asuntos:

1) dejar sin efecto el régimen de jubilación anticipada de los docentes del Sistema Nacional de Educación y las normas sobre su ascenso automático; y,

2) el aumento de las remuneraciones de los docentes del Sistema Nacional de Educación. Respecto del primero, la CCE verificó que la presidencia de la República no había formulado argumentos sobre la inconstitucionalidad de las mismas. En cuanto al segundo, la CCE constató que, previo a su aprobación y de manera razonablemente aceptable, se realizó un análisis de factibilidad financiera que evaluó su impacto en las finanzas públicas e identificó las fuentes para su financiamiento, sin que corresponda comprobar la corrección técnica de las previsiones efectuadas por la Asamblea Nacional (AN).

La CCE advirtió que el presidente de la República centró su argumentación en que el Ministerio de Finanzas emitió un informe desfavorable, lo cual transgrede la armonía que debe haber entre la sostenibilidad fiscal y la progresividad del derecho a la educación, con el que se vincula la equidad remunerativa de los maestros. La CCE observó que el Ejecutivo desatendió estos imperativos constitucionales y omitió actuar de manera propositiva y proactiva en el trámite de los textos legislativos objetados, lo que, además, contrarió las exigencias constitucionales de la deliberación democrática y la coordinación entre instituciones del Estado.

En su voto concurrente, la jueza Carmen Corral Ponce, entre otras razones, precisó que se mantiene inalterable la exclusividad del presidente de la República para presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público. En su voto concurrente, la jueza Teresa Nuques Martínez resaltó la necesidad de un acercamiento más flexible al principio de progresividad y no regresividad de los derechos, que tome en consideración al principio de sostenibilidad fiscal. En su voto salvado, el juez Enrique Herraría Bonnet, entre otros elementos, argumentó que el dictamen de mayoría trastocó el análisis y las reglas que regulan una objeción presidencial, desnaturalizando el procedimiento del control que correspondía.

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial 78 de 7 de junio de 2022, se publicó el Acuerdo No. MIES-2022-029, emitido por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el que se expidió el Protocolo de la Externalización del Servicio de Alimentación para los Centros de Desarrollo Infantil y sus anexos.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Dictamen No. 2-22-EE/22 dictaminó la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo 411, relativo a la declaratoria de estado de excepción (EE), por 60 días, debido a la grave conmoción interna por razones de seguridad ciudadana en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Manabí. El EE se fundamentó en el incremento de homicidios intencionales y de los indicadores de violencia en ciertas provincias del país, que estaría relacionado con la reconfiguración de elementos delictivos y su relación con el mercado de sustancias ilícitas.

La CCE estableció los siguientes parámetros que deberán emplear las Fuerzas Armadas (FF.AA) en apoyo a las actividades de la Policía Nacional (PN):

1) Las actividades de la fuerza pública serán con miras a restringir el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes a personas ajenas a los hechos.
2) Utilizarán, en lo posible, medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego.
3) El uso de la fuerza y armas de fuego se dará siempre y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro de los objetivos previstos en la declaratoria del EE.
4) El uso progresivo de la fuerza por parte de FF.AA debe observar estándares internacionales de protección.
5) Cuando esté justificado el uso las armas de fuego los miembros de la fuerza pública deberán recurrir a los estándares establecidos en la sentencia 33-20-IN/21, y, los contenidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La CCE recordó que, el abuso de los EE no es compatible con el régimen democrático, ni es la herramienta adecuada para resolver el desbordamiento de criminalidad. La CCE precisó que esta situación requiere políticas integrales de seguridad ciudadana y de profundo contenido social. Enfatizó que la delincuencia surge como consecuencia de diversos factores criminógenos que deben ser solucionados dentro del sistema jurídico ordinario con políticas de mediano y largo plazo.

Entre otras medidas, la CCE dispuso que, al concluir la declaratoria del EE, el presidente de la República deberá presentar un plan detallado que contenga las medidas concretas que serán adoptadas para afrontar, a través del régimen ordinario, los hechos que actualmente provocan dicha declaratoria.