Boletín semanal

El 13 de mayo de 2022, se emitió la Resolución No. 124-2022, por parte del Consejo de la Judicatura, con la que se regula el proceso de sorteo para el reemplazo temporal de las o los jueces de las Cortes Provinciales de Justicia.

En el Suplemento del Registro Oficial 63 de 13 de mayo de 2022, se publicó la Resolución No. CRDPIC-PLE-2022-001, emitida por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, con la que se expidió el Reglamento para el Registro Público de los Medios de Comunicación Social.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 487-16-EP/22 declaró que una sentencia de casación en materia tributaria, al casar el fallo recurrido y emitir una decisión de mérito sin fundamentación alguna, vulneró el debido proceso en la garantía de la motivación. Por tanto, dejó sin efecto la parte referente a la resolución de mérito de la causa, y dispuso retrotraer el proceso hasta el momento anterior a su emisión, a fin de que otros jueces dicten la sentencia de mérito.

La CCE precisó que la Sala, después de casar la sentencia recurrida, tomó la decisión de mérito de declarar la legitimidad y validez de un acta de determinación; sin haber realizado ningún tipo de argumentación que le permitiese arribar a una conclusión que, de forma coherente, haya determinado dicha decisión, con lo cual incurrió en la deficiencia motivacional de inexistencia.

En relación con la alegación de la compañía accionante sobre la inobservancia del precedente constitucional contenido en la sentencia 221-12-SEP-CC, la CCE explicó que dicha sentencia no era aplicable al caso bajo análisis puesto que resolvió un problema jurídico distinto y no compartía las mismas circunstancias relevantes. Por tanto, la CCE concluyó que los elementos y circunstancia del caso resuelto en la referida sentencia constitucional y en la sentencia impugnada eran distintos, razón por la que, al no identificar una regla de precedente aplicable al caso concreto, descartó la alegada vulneración del derecho a la seguridad jurídica.

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial 61 de 12 de mayo de 2022, se publicó Codificación, emitida por el Consejo Nacional Electoral, con la que se expidió el Reglamento para la democracia interna de las organizaciones políticas.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 68-17-EP/22 examinó la acción extraordinaria de protección (EP), presentada por la empresa Pública EP Petroecuador, en contra de una sentencia de casación dictada dentro de un proceso contencioso administrativo, en la que se alegaba que la Sala, al fundar la decisión impugnada únicamente en el argumento relativo a la caducidad de la acción, vulneró la garantía de motivación. La CCE desestimó la EP, al constatar que la Sala cumplió con la obligación de motivar de manera suficiente su decisión.

La CCE determinó que, en el literal b) del artículo 1 de la resolución 13-2015 de la Corte Nacional de Justicia, constaba que, una vez operada la caducidad, “al juzgador de instancia o de casación le está vedado entrar a considerar otros aspectos procesales para pronunciar sentencia de fondo o mérito” con lo cual se justifica la debida congruencia motivacional en este tipo de decisiones casacionales de índole contencioso administrativa, dado que una vez verificado el hecho de haber operado la caducidad (circunstancia fáctica), en estos casos no resultaría exigible a la autoridad jurisdiccional que se pronuncie sobre los demás puntos o aspectos constitutivos del recurso de casación.

Por tanto, la CCE concluyó que, en la decisión impugnada, la Sala casacional ofreció de forma suficiente las razones tanto fácticas (transcurso del tiempo) como normativas (contenido del precedente jurisprudencial en el que se sustenta y el artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa) para deducir la caducidad, explicando la pertinencia de aplicación del fundamento normativo al fáctico.

En el Registro Oficial 61 de 12 de mayo de 2022, se publicó el Acuerdo No. SENESCYT-2022-022, emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con la que se expidió el Instructivo de Procedimiento de Selección y Contratación de Profesionales o Estudios Jurídicos Externos para la Gestión Coactiva del Órgano Rector de la Política Pública de Educación Superior.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador mediante Sentencia No. 53-16-EP/22 rechazó la acción extraordinaria de protección planteada en contra de la resolución emitida por un Tribunal Superior de Conciliación y Arbitraje por no ser objeto de dicha acción.

En consideraciones previas, la CCE advirtió que la decisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de declarar la nulidad de la reclamación colectiva, se debió a que el Comité de trabajadores carecía de legitimación activa en la causa, razón por la que retrotrajo la misma hasta el momento de presentación del pliego de peticiones.

La CCE examino el caso y determinó que la resolución impugnada no era definitiva, dado que: 1) no resolvió el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, puesto que el Comité de trabajadores puede plantear una nueva demanda una vez que subsane la falta de legitimidad activa en la causa; y, 2) descartó que la resolución impugnada haya provocado un gravamen irreparable a los derechos fundamentales de los accionantes, por cuanto su pretensión puede volver a conocerse si se presenta un nuevo pliego de peticiones.

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial 59 de 10 de marzo de 2022, se publicó la Resolución No. 0012-CTUGS-2022, emitida por el Consejo Técnico de Uso y Gestión Del Suelo, con la que se expidieron los parámetros para la clasificación y subclasificación del suelo urbano, edificabilidades y ocupación del suelo; y lineamientos para la delimitación de los centros urbanos y el suelo vacante.