Boletín semanal

En el Registro Oficial 42 de 13 de abril de 2022, se publicó la Resolución No. 023 FGE-2022, emitida por la Fiscalía General del Estado, con la que se estableció el procedimiento cuando se requiera la adopción de órdenes especiales para las personas que consten en la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relacionadas con terrorismo y su financiación.

En el Registro Oficial 42 de 13 de abril de 2022, se publicó la Resolución No. C.D. 645, emitida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con la que se expidió el Reglamento de las facilidades de pago para el sector turístico, en aplicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 245-15-EP/22 declaró que, en la sentencia de apelación, dictada dentro de una acción de protección (AP), las autoridades jurisdiccionales vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. En sentencia de mérito, declaró la vulneración al derecho a la propiedad de los accionantes por parte del GAD de Manta.

La CCE determinó que la Sala de apelación no resolvió el problema jurídico planteado por los accionantes, el cual se relacionaba con la presunta vulneración al derecho a la propiedad por parte del GAD de Manta, debido a que este habría empleado un terreno de los accionantes como parte de la construcción de un complejo deportivo, y, realizado una supuesta permuta del inmueble sin la existencia previa de una expropiación. Por lo anterior, la CCE verificó que la sentencia adolecía del vicio motivacional de incongruencia frente a las partes, a más de no existir una fundamentación fáctica suficiente, generando así una vulneración al debido proceso en la garantía de motivación.

En su examen de mérito, la CCE señaló que construir un complejo deportivo puede ser entendido como una necesidad de utilidad pública o interés social, dado que aquello permite el ejercicio de otros derechos como la recreación y deporte. Sin embargo, al no haberse empleado los mecanismos para declarar la utilidad pública y expropiación, se generó una confiscación que vulneró el derecho a la propiedad del accionante.

Como parte de las medidas de reparación, dispuso que los sujetos procesales estén a lo resuelto en la sentencia, por lo que, al regresar el expediente al inferior, no dictará una sentencia en sustitución de la dejada sin efecto, y que, en atención al artículo 19 de la LOGJCC, la jurisdicción contencioso administrativa fije los montos reparatorios a favor de los accionantes; en los términos establecidos en los párrafos 82 y 83 de la sentencia.

En el Suplemento del Registro Oficial 40 de 11 de abril de 2022, se publicó la Resolución No. UAFE-DG-2022-0096, emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, con la que se expidieron las Directrices para el envío del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 2814-17-EP/22 examinó una acción presentada en contra de la sentencia dictada en un recurso de casación —interpuesto por la Fiscalía General del Estado (FGE), dentro de un proceso penal—, mediante la cual la autoridad judicial decidió casar la sentencia de apelación e impuso una pena privativa de libertad mayor, agravando así la situación jurídica del procesado. La CCE dispuso que la Sala de casación, en observancia al principio de favorabilidad, revise la situación del accionante de conformidad a la Resolución 02-2019.

La CCE determinó que no existió vulneración del principio de non reformatio in peius, ni del derecho a la seguridad jurídica, por cuanto el recurso de casación interpuesto por la FGE habilitó a la Sala casacional a agravar la situación jurídica del procesado. Explicó que, conforme a la regla establecida por la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de pedir el agravamiento de una pena es una atribución exclusiva de la Fiscalía.

En consideraciones adicionales, la CCE advirtió que, si bien los jueces casacionales aplicaron la Resolución 12-2015 que estaba vigente en aquel momento, aquella resolución fue dejada sin efecto por la Resolución 02-2019, que dispone la imposición de una norma o interpretación más favorable para el procesado. Por tanto, concluyó que, en observancia del principio de favorabilidad, se debe aplicar aquella norma que más favorezca efectivamente el ejercicio de derechos, y, que la persona condenada necesariamente debe beneficiarse de la nueva disposición jurídica.

El juez Hernán Salgado Pesantes, en su voto salvado, expuso que, al no haber fundamentado vulneraciones por no aplicación del principio de favorabilidad, la sentencia de mayoría no se encontraba facultada para disponer que se revise la situación jurídica del accionante. Añadió que la CCE no puede ordenar a la judicatura accionada para que de oficio revise la situación jurídica del accionante y, en aplicación del principio de favorabilidad imponga una pena privativa de libertad distinta.

En el Registro Oficial 40 de 11 de abril de 2022, se publicó la Regulación No. DIR-ARCA-RG-011-2022, emitida por la Agencia de Regulación y Control del Agua, con la que se expidió la Norma técnica para el control a la calidad del agua de consumo humano.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia No. 2145-11-EP/22 declaró que, en la sentencia de apelación dictada dentro de una acción de protección (AP), se vulneró el derecho al debido proceso en la garantía a la motivación, por cuanto, los jueces no examinaron la violación de los derechos constitucionales alegados, a más de emitir enunciados contradictorios sobre la identificación del acto impugnado.

En sentencia de mérito, la CCE verificó la vulneración del derecho de petición de la comuna Río Manta porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no atendió su petición de delimitación de su territorio colectivo, por más de diez años, a pesar de que dicho Ministerio es la autoridad agraria nacional y, por ello, tiene el deber de asegurar el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a mantener la posesión de su territorio.

Como parte de las medidas de reparación, la CCE dispuso que el MAG, a través de la unidad técnica de la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, de forma inmediata continúe con la tramitación de la solicitud presentada por la comuna Río Manta, en observancia a los estándares constitucionales e internacionales aplicables para la protección de derechos colectivos. Además, dispuso que, dentro del término de 30 días contados desde la notificación de la sentencia, informe sobre el cumplimiento de lo dispuesto.

En el Suplemento del Registro Oficial 38 de 7 de abril de 2022, se publicó el Acuerdo No. SENESCYT-2022-017, emitido por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el que se expidió el Reglamento para el procedimiento coactivo.