Boletín semanal

El Ministro del Trabajo con Acuerdo No. MDT-2021-218, expidió la Norma técnica de control para el cumplimiento de los planes de simplificación de trámites institucionales.

Esta norma tiene por objeto emitir las directrices para efectuar el control a los resultados de los planes de simplificación de trámites, mediante la verificación de la implementación de estrategias y principios de simplificación y optimización en las siguentes entidades:

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la Corte Constitucional;
2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales;
3. Las empresas públicas;
4. Las entidades que tienen a su cargo la seguridad social;
5. Las entidades que comprenden el sector financiero público;
6. Los Organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado;
7. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos; y,
8. Las personas naturales o jurídicas del sector privado que sean gestoras delegadas o concesionarias de servicios públicos.

De igual manera, es aplicable a las relaciones que se generen a partir de la gestión de trámites administrativos entre el Estado y las y los administrados; entre las entidades que conforman el sector público; y, entre éstas las y los servidores públicos.

Estas disposiciones serán aplicables a las demás entidades del sector privado que tengan a su cargo trámites ciudadanos solo en los casos en que la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos lo establezca expresamente.

Esta norma técnica no es aplicable a los trámites administrativos del sector defensa o que comprometan la seguridad nacional.

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 510 de 5 de agosto de 2021, se publicó la Resolución No. RPC-SE-13-No.040-2021, emitida por el Consejo de Educación Superior, con la que se expidió el Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos que confieren las instituciones de educación superior.

El Presidente de la República con Decreto No. 151, expidió el Plan de Acción para el Sector Minero del Ecuador.

La Corte Constitucional con Dictamen No. 4-21-EE/21, declaró la constitucionalidad del decreto ejecutivo No. 140 de 28 de julio de 2021 que contiene la renovación por 30 días del estado de excepción decretado mediante decreto N° 116, por calamidad pública, producida por la detección de casos de COVID-19 variantes DELTA y DELTA DELTA ++K 417N(AY.1)

Se dispone que la suspensión a los derechos y las medidas extraordinarias ordenadas en el decreto ejecutivo No. 116 y ratificado por la renovación del decreto N° 140 se efectúen conforme lo dispuesto en el No. 3-21-EE/21 de 21 de julio de 2021.

Se declara que el artículo 3 del decreto ejecutivo N° 140, dada las circunstancias actuales no está justificado y por lo tanto deviene en inconstitucional.

Se insiste en que los órganos competentes implementen los medios que el régimen jurídico ordinario pone a su disposición, y, reiterar que resulta imprescindible la coordinación interinstitucional para que exista la atención oportuna desde los distintos sectores involucrados, de tal forma, que la adopción de medidas extraordinarias dentro de un estado de excepción, incluyendo sus renovaciones, cuenten con la justificación y el carácter excepcional que esta figura amerita.

Y, se dispone que el presidente de la República, una vez que concluya el período de renovación del estado de excepción, remita a la Corte Constitucional el informe correspondiente, de conformidad con el artículo 166 de la Constitución.

En el Registro Oficial No. 509 de hoy, ,4 de agosto de 2021, se publicó el Acuerdo No. 017, emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el que se fijó el precio mínimo de sustentación del quintal (45,36 kg) de grano de maíz amarillo duro en USD 14,60.

En el Cuarto Suplemento del Registro Oficial 508, de 3 de agosto de 2021, se publicaron los siguientes Decretos Ejecutivos:

Decreto No. 126: Refórmese el Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Decreto No. 129: Refórmese el Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19.

Decreto No. 130: Refórmese el Reglamento General a la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria.

Decreto No. 131: Refórmese el Reglamento a la Ley Orgánica de Salud.

Decreto No. 139: Refórmese el Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

La Corte Constitucional con Sentencia 2578-16-EP/21, declaró que, la sentencia de apelación dictada dentro de una acción de protección —en la que se impugnaron actuaciones en el marco de las elecciones de directores provinciales de un colegio provincial de arquitectos— vulneró los derechos al debido proceso en la garantía de motivación y a la tutela judicial efectiva, porque sin examinar si había o no vulneración de los derechos, concluyó que existía otra vía para reclamar sus pretensiones y negó la existencia de legitimación activa.

La Corte diferenció entre la legitimación en la causa y la legitimación en el proceso. Explicó que, si al presentar una AP una persona no tiene la representación del órgano que aduce representar —existiendo falta de legitimación en el proceso—, esto no impide el acceso a la justicia constitucional por sus propios y personales derechos, en favor de sí mismo o de otras personas presuntamente afectadas, en virtud del régimen de legitimación activa amplia de esta acción.

En el caso concreto, la Corte consideró que, si la Sala verificó que el accionante no era el representante del colegio provincial de arquitectos, pero buscaba tutelar sus propios derechos y los de terceros, no existía impedimento alguno para que la judicatura accionada conozca el fondo del asunto, por lo que la decisión de la judicatura de rechazar la AP fue contraria al derecho de acceso a la justicia y a obtener una respuesta fundada.

Como parte de las medidas de reparación, la Corte dejó sin efecto la sentencia impugnada y dispuso que, previo sorteo, se designen otros jueces con el fin de que conozcan y resuelvan el recurso de apelación, conforme con los criterios establecidos en la sentencia. Además, solicitó que el Consejo de la Judicatura, en el término de 10 días contados desde la notificación de la sentencia, la difunda entre las autoridades judiciales que conocen garantías jurisdiccionales y le envíe los documentos que justifiquen tal difusión.