Boletín semanal

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 538 de 15 de septiembre de 2021, se publicó la Resolución No. SEPS-IGT-INSOEPS-INGINT-2021-0493, emitida por la Superintendencia de Bancos, con la que se expidió la Norma de control para la aplicación de sanciones para personas y organizaciones de la economía popular y solidaria.

El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador con Auto de verificación de la Sentencia No. 4-19-RC/2019 que contiene el dictamen de constitucionalidad de la aplicación del procedimiento de reforma constitucional, resolvió desestimar los pedidos de verificación de cumplimiento realizados por el Comité por la Institucionalización de la Democracia; declarar el cumplimiento del Dictamen 4-19-RC/19, específicamente en cuanto a que “el procedimiento de reforma, establecido en el art. 442 de la Constitución es apto para la expedición de las normas contenidas en el proyecto examinado” y exhortar a la Asamblea Nacional a que, en ocasiones posteriores en las que le corresponda tramitar proyectos de iniciativa popular normativa, interprete y aplique de forma sistemática y favorable el conjunto de disposiciones que rigen la participación de la ciudadanía en los debates en las comisiones y en el Pleno.

La Corte Constitucional con Sentencia No. 983-18-JP/21 de revisión, examinó la problemática de una mujer embarazada y su familia, que se encontraban en el país en condición de refugiados, circunstancias en las cuales nació su hijo, quien falleció a los pocos días, debido a la falta de atención médica por parte de la red de salud pública. Ante ello, presentaron una acción de protección, la cual fue aceptada por las autoridades jurisdiccionales, disponiendo medidas de reparación.

La CCE, en atención a estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos, desarrolló su análisis respecto de:

1) principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes — en adelante NNA-;
2) derecho a la salud de las NNA y personas migrantes;
3) derecho a la vida de las NNA;
4) derechos a la conservación de la unidad familiar, la no devolución y la no discriminación de personas migrantes;
5) derecho a la tutela judicial efectiva;
6) derecho a la reparación integral; y,
7) criterios jurisprudenciales relevantes.

En consideraciones adicionales, hizo un llamado de atención a las autoridades judiciales involucradas, y al Consejo de la Judicatura, con el objetivo de que adapten los procedimientos de registro de actuaciones judiciales a los estándares convencionales y legales de protección de personas refugiadas, en particular, respecto de la confidencialidad de sus datos.

Entre las medidas de reparación, dispuso que el Ministerio de Salud Pública efectúe una amplia y generalizada difusión de la sentencia entre los servidores de los centros de salud en las áreas que se encargan de la atención de urgencia y emergencia a menores de edad y mujeres embarazadas, y que, en el término de 120 días, expida un Protocolo para la atención sanitaria de mujeres embarazadas y neonatos, en especial de aquellas en condición de movilidad humana, en concordancia con la línea jurisprudencial desarrollada en la sentencia.

La Corte Constitucional con Sentencia 232-15-JP/21 de revisión, conoció el caso de una mujer adulta mayor con discapacidad física del 89%, que vive con su hijo quien también tiene una discapacidad física del 75%. La EMAPAL-EP (Azogues), les retiró el medidor de agua potable por falta de pago del servicio. La afectada presentó una acción de protección que fue declarada improcedente por considerar incumplida la obligación de declarar que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión.

En voto de mayoría, en función de estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, la Corte desarrolló el derecho al agua y su contenido; obligaciones del Estado respecto del derecho al agua; el derecho al agua y el servicio de agua potable; suspensión del servicio de agua potable por falta de pago; y, analizó el caso específico utilizando el principio de proporcionalidad. Concluyó que la EMAPAL-EP vulneró el derecho al agua en los componentes de disponibilidad y accesibilidad económica de la accionante y su hijo.

Como parte de las medidas de reparación, dispuso que EMAPAL-EP implemente medidas para garantizar que la accionante y su hijo continúen accediendo al servicio de agua potable, el cual será gratuito por un año; que elabore un plan de capacitación a sus funcionarios en derecho al agua y derechos de grupos de atención prioritaria; que el Concejo del GAD Municipal de Azogues adecue la normativa vigente a los criterios y estándares establecidos en la sentencia; y, que el Consejo de la Judicatura efectúe una amplia difusión de la sentencia.

El juez Agustín Grijalva Jiménez, en su voto concurrente, entre otros criterios, complementó la sentencia de mayoría, realizando un análisis desde la discriminación indirecta y la interseccionalidad como categoría para analizar el derecho a la igualdad, y enfatizó que la interseccionalidad para la garantía de derechos y la prestación de un servicio público que materializa un derecho es una herramienta útil a considerar en casos similares al de la accionante.

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 536 de 13 de septiembre de 2021, se publicó la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-052-E-2021-662, emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la que se expidió el Reglamento para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante Concurso Público de Méritos y Oposición con postulación, veeduría e impugnación ciudadana.

La Corte Constitucional con Dictamen No. 5-20-RC/21, en voto de mayoría, al analizar la constitucionalidad de una propuesta de reforma constitucional mediante asamblea constituyente de “plenos poderes” -poderes ilimitados, extraordinarios, incondicionados,- decidió que la misma no era apta para modificar la Constitución.

Se advirtió que, la concentración de poder en un solo órgano propiciaría que este sea juez y parte, e impediría la actuación de los órganos de control constituidos. Explicó que, los “plenos poderes” se podrían superponer a las garantías constitucionales e impediría prevenir, corregir y reparar potenciales violaciones a los derechos emitidas por el órgano concentrador de poder.

Asimismo, la Corte puntualizó que, un órgano con “plenos poderes” es incompatible con el principio republicano de la división de poderes y con una democracia constitucional, -entendida como una forma de gobierno que impide la concentración de competencias y atribuciones en un único órgano- por cuanto propicia el autoritarismo y la arbitrariedad.

La jueza Carmen Corral Ponce, en su voto concurrente, compartió el criterio de mayoría, respecto de que el ejercicio de los “plenos poderes” por parte de la Asamblea Constituyente plenipotenciaria transgrede per se a la democracia y los derechos. No obstante, a su criterio, el rechazo procedía porque el peticionario incumplió con la justificación del ejercicio del poder constituyente originario transformador, ya que el carácter plenipotenciario del cambio constitucional, debidamente entendido le es propio.

En el Quinto Suplemento del Registro Oficial No. 534 de 9 de septiembre de 2021, se publicó la Resolución No. RPC-SO-21-No.335-2016, emitida por el Consejo de Educación Superior, con la que se expidió el Estatuto Orgánico por Procesos.

En el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 533 de 8 de septiembre de 2021 se publicó el Resolución No. 09-2021, mediante el cual la Corte Nacional de Justicia, emite el Instructivo para el juzgamiento de las Juezas y de los Jueces de la Corte Constitucional del Ecuador por delitos de acción penal pública.