El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con Sentencia de revisión No. 189-19-JH y acumulados/21 examinó varias acciones de hábeas corpus (HC), presentadas por personas privadas de su libertad como consecuencia de sentencias condenatorias emitidas a través de procesos penales tramitados bajo el procedimiento abreviado (PA). En los HC, los accionantes alegaron que sus privaciones de la libertad fueron ilegales y/o ilegítimas, al ser el producto de procedimientos en los que no se respetaron las garantías del debido proceso.
La Corte confirmó la posibilidad de revisar las actuaciones de un PA mediante HC; y, puntualizó cómo operan en él, garantías del debido proceso, incluida la prohibición de autoincriminación. La Corte concluyó que en el análisis del HC se debe considerar el cumplimiento de los requisitos legales para que el PA proceda; especialmente, que la persona procesada haya otorgado un consentimiento informado, libre y voluntario respecto de la aplicación del procedimiento y las particularidades del acuerdo. Aclaró que dicho análisis no alcanza una valoración del mérito o suficiencia de los elementos de convicción, en relación con la verificación de la ocurrencia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada.
Dispuso que el Consejo de la Judicatura (CJ), la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública, efectúen una amplia y generalizada difusión del contenido de la sentencia y la incluyan dentro de los programas de formación de la Escuela de la Función Judicial, la Escuela de Fiscales y la Escuela Defensorial. También dispuso que el CJ difunda la sentencia entre las abogadas y abogados acreditados ante el Foro, a través de correo electrónico; y, que las referidas entidades le informen documentadamente sobre el cumplimiento de lo dispuesto.
El juez Hernán Salgado Pesantes, en su voto concurrente, entre otros criterios, consideró que la CCE debió precisar con mayor profundidad lo que sucederá cuando se encuentre que fue ilegal o arbitraria la privación de libertad determinada en una sentencia condenatoria proveniente de un PA. Por ejemplo, cómo se dará la consecución del proceso penal, qué autoridad debe impulsarlo, la etapa correspondiente, o incluso temas como la prescripción.